La Fiscalía rescató a una joven embarazada que estaba siendo retenida en el Chaco paraguayo, siendo víctima de violencia física y psicológica.
La agente fiscal Laura Guillén se constituyó en un establecimiento ubicado en el Chaco paraguayo, en las inmediaciones del Río Pilcomayo, en razón de la denuncia por presunta Violencia Física y Psicológica.
Refieren los antecedentes del caso que el pasado viernes ingresó una denuncia efectuada por la madre de la víctima del hecho. La mujer manifestó que su hija estaba siendo víctima de violencia por parte de su pareja en un establecimiento en el Chaco, lugar donde la pareja se desempeñaba como cuidadores.
La fiscal interviniente comentó al respecto que el dueño del establecimiento permitió la entrada a la comitiva para proseguir con la diligencia. La víctima del hecho fue encontrada golpeada y llorando, con partes del cuerpo de color morado. En esa línea, la comitiva a cargo de la fiscal Guillén rescató a la mujer.
“La víctima prestó un celular y relató a su madre por audios el calvario que estaba pasando con su pareja, tanto física como psicológicamente, estando ella embarazada de 3 meses. Asimismo, mandó fotos de moretones y heridas. Tras lo ocurrido, la madre realizó la denuncia desde Ñemby, lugar donde reside”, manifestó la fiscal.
La joven fue asistida por personal médico y también se brindará contención psicológica. El hombre quedó detenido a disposición del Ministerio Público.
La Empresa de Servicios Sanitarias del Paraguay (Essap) continúa con el trabajo de la provisión de agua con cisterna en varias zonas del país, además de otras acciones para asistir a las localidades afectadas por la emergencia hídrica.
Como integrante de la Comisión Interinstitucional de Emergencia Hídrica, la Essap informó que este lunes se llevan a cabo los trabajos de recarga de los tanques de 10.000 litros proveídos por Senasa en varias zonas del país.
Algunos de los puntos de asistencia son Cerrito 1 y San Agustín, de la ciudad de San Antonio, Montaña Alta en la ciudad de Limpio y el Bañado Sur, Yukyty-Sagrada familia de Asunción.
Además, siguen los avances de perforaciones de pozos en las localidades de Caraguataity, en el distrito de Itá, Caapucú, en el departamento de Paraguarí, y Cerro Léon, en el distrito de Pirayú.
Los camiones cisterna de Senasa también llegan a los barrios del bañado Sur, mientras que se realizan instalaciones de equipamientos electromecánicos en Villarrica, específicamente en la USF Tororo de esa ciudad.
Paralelamente, la comisión realiza estudios hidroecológicos en la localidad de Potrero Cañada del distrito de San Roque González de Santacruz, departamento de Paragarí, y en Tañarandy, distrito de San Ignacio Misiones.
La Comisión Interinstitucional de Emergencia Hídrica está integrada por la Secretaría de Emergencia Nacional, la Essap, el Senasa y la Erssan.
Las personas afectadas por la crisis hídrica pueden comunicarse con la Essap a los números 0994-465919 y 0976-898100. La Secretaría de Emergencia Nacional también pone a disposición el teléfono 021-440997/8.
La fiscala Natalia Fuster imputó por el hecho punible de prevaricato a la ex jueza Tania Irún, quien está siendo investigada por entregar a través de una resolución judicial 310 mil hectáreas ubicadas en Alto Paraguay, Chaco a una empresa extranjera.
La denuncia contra la ex magistrada señalaba que esas tierras están en una zona que están protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza y que no se pueden vender a extranjeros, sin embargo Irún le otorgó el inmueble a una empresa que presuntamente sería de “maletín”.
El 9 de noviembre del año pasado el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó a Tania Irún, al encontrarla culpable de mal desempeño en sus funciones.
El 29 de diciembre de 2021 la Corte Suprema de Justicia removió a la magistrada Irún y luego ya se llamó a concurso del puesto vacante.
Pese a no ser más jueza el proceso penal contra Tania Irún prosigue y en ese marco es que la fiscala Fuster, ahora la imputó y solicitó medidas alternativas a la prisión para la misma.
Desde la Policía Nacional confirmaron que los organizadores del festival Ja’umina Fest no permitieron el ingreso de efectivos policiales para la cobertura del evento, dejando todo a cargo de aproximadamente 200 guardias de seguridad privada.
Durante una conferencia de prensa desarrollada esta mañana en el Hospital de Trauma, la subcomisario Nidia Paredes brindó declaraciones sobre el trágico suceso ocurrido ayer en el anfiteatro José Asunción Flores.
Al respecto, confirmó que la Policía Nacional tuvo contacto previo con los organizadores antes de la realización del festival Ja’umina Fest y que se les había solicitado la participación de uniformados en la seguridad interna, considerando la magnitud del evento.
La respuesta dada por los organizadores fue que no requerían la presencia de efectivos policiales, por lo que los uniformados no tuvieron más que permanecer en el perímetro del anfiteatro y en zonas aledañas, confirmó Paredes.
TRAGEDIA EN SAN BERNARDINO |
“Los organizadores directos del evento dijeron que no requerían de la presencia de la Policía Nacional, por lo que el personal estaba apostado en zonas aledañas”- subcomisario de la @policia_py, Nidia Paredes
Vía @aalevera #1000am pic.twitter.com/7sgy2SYCnW
— 1000 Noticias (@1000noticiaspy) January 31, 2022
Se estima que alrededor de 200 guardias de una empresa privada estuvieron abocados a la seguridad del evento dentro del anfiteatro ubicado en San Bernardino, el cual recibió a más de 10.000 personas, según las estimaciones.
La subcomisario también sostuvo que los organizadores del festival han incumplido ciertos aspectos en cuanto a la cobertura de grandes eventos, establecidos en una resolución de la Policía Nacional.
“Es una coordinación que se tiene que realizar con la Policía Nacional, no se realizó esa coordinación previa”, puntualizó.
Cabe recordar que la empresa G5 Pro es la responsable de la organización del festival Ja’umina Fest 2022.
