La coalición lopezobradorista no tiene los votos en el Congreso para aprobar reformas a la Constitución. Con asistencia del 100%, en la Cámara de Diputados se requieren 334; en la de Senadores, 86. Pero el lopezobradorismo tiene, respectivamente, 277 (Morena, PT y PVEM) y 75 (Morena, PT, PVEM y PES). No es un dato novedoso ni difícil de entender, es aritmética legislativa básica. Salvo por algunos movimientos menores, sobre todo de senadores que cambiaron de partido o se sumaron al “Grupo Plural”, esa correlación de fuerzas parlamentarias es producto de la voluntad popular expresada a través del voto en elecciones libres y limpias durante 2018 (Senado) y 2021 (Cámara de Diputados). Normalidad democrática, pues.
Sin embargo, que el partido o la coalición del presidente no alcance mayorías calificadas no es un obstáculo infalible para hacer reformas constitucionales. Al contrario, una de las grandes ironías de la historia constitucional mexicana es que hubo más reformas durante los 20 años de democracia y gobierno dividido que mediaron entre 1998 y 2018 (i.e., cuando el partido o coalición del presidente no tuvo mayorías en el Congreso) que en cualquier etapa del régimen autoritario de partido hegemónico. El promedio de reformas por año durante esas dos décadas fue muy superior al de cualquier otro periodo previo. Otra ironía es que en lo que va del siglo XXI los dos presidentes que mayores porcentajes de votación obtuvieron en sus elecciones, que más expectativas de “cambio” y “transformación” generaron entre la ciudadanía, son los que menos reformas a la Constitución han logrado concretar. Si bien es cierto que a López Obrador todavía le quedan 28 meses en el cargo, la composición partidista de las Cámaras y la prevalencia de un contexto político poco propicio hacen que sea realmente magra la posibilidad de que consiga consumar otra reforma constitucional de aquí a que termine su sexenio. De ser así, Calderón y Peña Nieto habrían logrado más cambios a la Carta Magna durante la primera mitad de sus respectivas administraciones que López Obrador durante todo su periodo.
La anormalidad democrática del lopezobradorismo, en este sentido, es su reiterada indisposición para negociar con las oposiciones. Todos los demás presidentes supieron hacerlo para sacar adelante reformas a la Constitución, pero López Obrador optó por la ruta de estigmatizarlas, de nunca dialogar con ellas, de solo ofrecerles dos alternativas: someterse o ser descalificadas. Tras los resultados de 2021, que lo obligaban a buscar algún tipo de distensión o acercamiento, el presidente redobló su beligerancia. Y las oposiciones, entonces, optaron por convertir su alianza electoral en coalición legislativa. De hecho, el previsible fracaso de la reforma eléctrica el domingo pasado en la Cámara de Diputados es una señal irrefutable de que la oposición ya no está “moralmente derrotada” sino legislativamente rediviva. Esa es la tercera ironía: que López Obrador y sus huestes, al empeñarse en su intransigencia, terminaron uniendo a los partidos de oposición en su contra y, al hacerlo, le clausuraron la vía constitucional a su autodenominada “cuarta transformación”. __________________ Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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