El senador Emilio Álvarez Icaza , quien se ha destacado por su defensa a los derechos humanos, no tiene duda de que el país va camino a una militarización, en el contexto de la aprobación del dictamen que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas hasta 2029 y con la reforma que aprobó la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “Yo no tengo la menor duda de que infelizmente estamos viviendo un acelerado proceso de militarización no sólo en materia de seguridad pública, sino en muchos otros ámbitos de la vida pública”, afirmó en su participación durante el Inter.Mx Expansión Summit 2022.
El legislador del Grupo Plural señaló que el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) realizó un estudio de cuántas actividades han sido trasladadas de las autoridades civiles a las Fuerzas Armadas y desde el 2006 a la fecha son casi 250, la mitad de ellas en este sexenio. “Lo que estamos viviendo es un sistemático, continúo y permanente proceso para socavar la institucionalidad civil en muy distintos ámbitos, no sólo a la seguridad pública, en el ámbito de la construcción pública, lo vemos en las comunicaciones y ahora en temas como las aduanas, el internet, distribución de alimentos y cosas tan absurdas como fertilizantes, libros de texto y la distribución de tanques de gas”, comentó. Álvarez Icaza refirió que también ha habido un proceso donde los militares en activo han ocupado puestos tanto en procuradurías como secretarías de seguridad pública estatales, el cual se ha acelerado. Para el senador, el mensaje que está detrás es que el presidente Andrés Manuel López Obrador cogobierna con las Fuerzas Armadas.
Emergencia nacional Este gobierno va a dejarnos una herencia cuyo componente son tres elementos: un narco-estado, militarizado y autoritario, esa es la herencia que va a dejar este Estado y por eso es tan importante que entendamos que vamos hacia una emergencia nacional.El expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), hoy Ciudad de México, comentó que las Fuerzas Armadas tienen un reconocimiento especial en la actual administración. “El mensaje que está detrás es que las Fuerzas Armadas tienen una especial significación no sólo en la vida pública como Fuerzas Armadas respetables y reconocidas en labores de seguridad pública, sino en muchas otras labores para las cuales no sólo no están autorizadas por la Constitución, sino capacitadas por la naturaleza de su institución”, dijo. El senador no ve viable que se le puede quitar el poder que se le está dando a las Fuerzas Armadas ni el regreso de los militares a los cuarteles, por lo que dijo estamos ante una “emergencia nacional”. “La pregunta ya no es solo cómo regresar a los cuarteles, sino quién es el guapo o la guapa que les va a quitar el dinero que les han dado, todas las atribuciones que se les ha dado. Mi diagnóstico es que nos estamos encaminando hacia la peor herencia que puede dejar un gobierno”, sentenció. Para el legislador, México quedará “muy mal parado, con expresiones de una franca regresión”, respecto a los tratados internacionales que ha firmado en materia de derechos humanos, con el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, y “queda México como un país cuyas instancias internas, no sirven”.
Acciones de inconstitucionalidad Hoy lo que sabemos de la CNDH es sumisión, sus silencios y su omisión. Hoy la señora Piedra se comporta como militante de Morena, empleada del presidente y no titular de un órgano autónomo. Es una absoluta vergüenza y traición a su historia.Respecto a la reciente reforma aprobada en la materia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) señaló que no promoverá acción de inconstitucionalidad. Sobre esto, el senador manifestó su rechazo por la decisión de la Comisión de no actuar y de su titular, Rosario Ibarra. “La actual administración que dirige la señora Piedra es no solo una vergüenza para el movimiento de derechos humanos, es una vergüenza para su propia historia, es una vergüenza para su trayectoria y la de su familia, para la lucha de las personas desaparecidas y el Comité Eureka”, dijo.
Por su parte, Álvarez Icaza sostuvo que en el Senado no va a pasar la reforma que propuso el PRI para ampliar las labores del Ejército en las calles, la cual está a discusión en la Cámara de Diputados. “Acá el PRI del Senado va a detener eso, el PRI del Senado va a dar la cara y toda la oposición la vamos a detener”, dijo al señalar que también recurrirán a recursos legales para frenar la adscripción de la Guardia Nacional al Ejército. El senador recordó que una vez publicado el paso a la Sedena, el pasado sábado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se cuenta con un plazo de 30 días, que concluye el 11 de octubre, para presentar algún recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción a la que recurrirán. “Tengan por seguro que va a ser antes de eso, vamos a presentar la acción de inconstitucionalidad y las batallas que tengan que darse dentro del marco pacífico y legal, las vamos a dar porque lo peor que podemos hacer es quedarnos callados. Hay un grupo de senadores y senadoras que estamos dispuestos a dar la batalla”, externó.
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