Los diputados Tito Ibarrola y Carlos Rejala presentaron un proyecto de ley “Que modifica y amplia el Art. 321 de la Ley N° 834, Que establece el Código Electoral Paraguayo”, con la intención de incrementar hasta a seis años la pena máxima para los que retuvieran, en el día de la elecciones, documentos de identidad del elector.
Los proyectistas entienden que, indistintamente, tanto la compra como la venta de cédulas de identidad es un delito muy grave y que aún no existe una conciencia colectiva de las consecuencias por la comisión de dicho acto.
“Es imperante procurar, por todos los mecanismos legales, accesibles y razonables, conseguir que ocurra la menor cantidad de casos posibles; endurecer las sanciones es una vía factible para procurar paliar este delito”, expresa parte del documento presentado.
La legislación actual (Art. 321) establece cuanto sigue: “Quienes retuvieren los documentos de identidad de los electores el día de las elecciones o exigieren el voto en un sentido determinado, mediante el ofrecimiento o entrega efectiva de dádivas o recompensas, sufrirán la pena de uno a dos años de penitenciaría, más una multa equivalente a trescientos jornales mínimos”.
La propuesta de modificación es endurecer el castigo de tres a seis años, a más de incluir, también como infractores, a las personas que acepten cualquier tipo de recompensa.
Se conseguirá, igualmente, sincronizar esta pena con la que se estipula en la Ley N° 1160, Código Penal” y sus modificatorias, que habla del soborno del elector en su Art. 280 en donde, textualmente, se establece:
“El que ofreciera, prometiera u otorgara una dádiva u otra ventaja a otro para que no votara o lo hiciera en un sentido determinado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. La misma pena se aplicará al que exigiera, se hiciera prometer o aceptara una dadiva u otra ventaja por no votar o por hacerlo en un sentido determinado”.
“El presente proyecto de ley tiene como principal propuesta cambiar ambos artículos mencionados, por el simple hecho de que ambos tienen relación directa y para que queden perfectamente sincronizados”, expresa la justificación.
Los proyectistas sostienen que la comisión de delitos electorales es una práctica muy arraigada en la cultura paraguaya, siendo la compra-venta de cédulas de identidad el delito electoral más cometido en las jornadas electorales.
“Todo este esquema, desde hace décadas, se ha convertido en una costumbre nefasta que afecta la democracia, en donde es responsable tanto el que ofrece algún dinero u otro premio, como el ciudadano que acepta, por lo que se insiste en que la sanción debe ser para ambos”, establece, finalmente el documento.
