La jueza de María Auxiliadora, Rosula Evelin Cabrera Paredes, fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en el marco de su actuación en el caso de una invasión de tierras en Caazapá.
La denuncia contra la jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, Rosula Evelin Cabrera Paredes, fue presentada por la firma agrogranadera Santo Domingo S.R.L.
En la denuncia se menciona que en el marco de un juicio de interdicto de recobrar la posesión de un inmueble, la jueza se constituyó en los inmueble s 980 y 981 en el distrito de Tavaí, departamento de Caazapá, no siendo parte de su jurisdicción.
Asimismo, la jueza es sindicada de dictar una medida cautelar de prohibición de innovar, la cual fue utilizada por aproximadamente 150 personas para invadir el inmueble que pertenece a la agroganadera mencionada.
Incluso, se realizaron denuncias en contra del senador del Frente Guasu, Hugo Richer, por apadrinar a los invasores.
Cabe recordar que ante esta invasión, el agente fiscal Augusto Ledesma, el pasado 23 de noviembre del corriente año, formuló imputación en contra de Eva Yolanda Acosta de Miguelín, Lorivan Miguelín y otras 24 personas.
Una larga fila de vehículos se pudo observar en la ciudad de Encarnación, con cientos de automovilistas que aguardan horas intentando cruzar hacia Argentina, esto a pesar de que el cupo se amplió recientemente a 8.000 personas por día.
La corresponsal del Grupo Nación, Rocío Gómez, reportó que un número importante de personas se encuentran formando una extensa fila para tratar de cruzar al lado argentino.
Según mencionó, hay quienes llegan a aguardar inclusive por dos horas en su afán de llegar a territorio argentino, donde generalmente acuden para realizar compras de diversos productos.
Las largas filas obedecen a los controles sanitarios que hacen tanto en Paraguay como en el vecino país, donde los funcionarios de Migraciones verifican que todos los documentos exigidos estén en regla.
Gómez explicó que se forman dos filas, una dentro de Encarnación hasta el puesto de control paraguayo y luego en territorio argentino donde también se verifica que la persona cumpla con las exigencias establecidas, incluyendo la presentación de un test de COVID-19 negativo.
Son varios los compatriotas que no llevan consigo su test y optan por hacerse la prueba en Posadas al tener un menor costo. El proceso en sí lleva entre 5 a 10 minutos, lo cual aumenta el tiempo de espera en la fila de vehículos.
Esta situación se produce a solo unos días de haber aumentado a 8.000 el cupo de personas que pueden cruzar a Argentina.
Este jueves se reportaron 58 casos positivos de COVID-19 junto con otros 4 fallecimientos a causa de la enfermedad. La cifra de internados en UTI asciende a 56.
En su reporte COVID de la fecha, el Ministerio de Salud informó que de las 2.801 muestras procesadas, 58 dieron resultado positivo.
Así también, se confirmaron 4 nuevos fallecidos, lo cual eleva el total de muertes por COVID-19 a 16.492.
Las cuatro personas fallecidas se encuentran en la franja de 60 años y más, habiendo dos con dosis incompleta y otros dos no vacunados.
A la fecha, 102 pacientes se encuentran internados, 56 de ellos en camas de terapia intensiva.
De los 56 internados en UTI, 28 no estaban vacunados, 22 contaban con dosis completa y los 6 restantes seguían con dosis incompleta.
Unos 60 recuperados fueron incluidos en el reporte de hoy, sumando así 446.432 personas que vencieron al COVID-19.
De esta manera, el total de casos confirmados en Paraguay asciende a 463.580, según los registros oficiales.
En el medio de la guerra instalada entre mineros en la localidad de Paso Yobái, departamento de Guairá, se radicó una denuncia por retención a una fiscal por parte de representantes de una empresa.
El informe indica que la fiscal Maria Agustina Unger se constituyó hasta la estancia Temí SA para garantizar el trabajo de la empresa Colman SA, cuyo representante legal pidió garantías para trabajar, luego del ataque a balazos el 11 de noviembre pasado.
Sin embargo, la denuncia indica que la representante del Ministerio Público fue retenida por los empleados de la empresa 3A, representada por el empresario Ramón Acuña.
Además, una vez que la fiscal se retiró del lugar, nuevamente se dio un tiroteo hacia los trabajadores de Colman SA. Cabe recordar que uno de sus empleados, continúa en estado grave tras recibir varias heridas con arma de fuego en el ataque anterior.
Asimismo, es importante mencionar que la empresa Colman SA realiza la extracción de oro en la estancia Temí, mediante un contrato de 5 años y un amparo judicial.
