¿Es la reforma judicial el origen –la semilla– del movimiento opositor –de resistencia– que signifique en algún momento el comienzo del declive del proyecto de la Cuarta Transformación? Las manifestaciones de hoy no son más que una alharaca, pero quienes encabezan el gobierno entrante, quizá, no deberían minimizarlas. La reforma judicial comienza a articular a sectores que de otra manera no estarían tan interesados en aliarse, como parte del poder económico, académicos, intelectuales y medios de comunicación no afines o hasta inconformes con el oficialismo.
Debe entenderse que Claudia Sheinbaum y su equipo de funcionarios tendrán cuatro grandes desafíos apenas inicie su mandato: 1. La operación y puesta en práctica de la reforma administrativa que tiene en su núcleo dos nuevas secretarías de Estado. En una, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (Conahcyt) se transformará en la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación; en la otra, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se convertirá en la Secretaría de las Mujeres. Serán encabezadas por Rosaura Ruiz Gutiérrez y Citlalli Hernández Mora, respectivamente. 2. Establecer un nuevo modelo de interacción con los ejecutivos estatales . La dificultad más obvia está en coordinarse con gobernadores y gobernadoras que han dado muestras claras de estar en contra del proyecto de la Cuarta Transformación. Si bien se trata de una minoría, de una buena relación puede depender que se entreguen resultados aceptables en temas como el de la inseguridad, que lacera ya amplios territorios del país. Desde luego que destacan casos de mandatarios opositores como Maru Campos, en Chihuahua, quien la ha emprendido en contra de Javier Corral, un acompañante cercano de la presidenta electa durante el actual proceso de transición, o Enrique Alfaro en Jalisco, quien en breve será sustituido por el también emecista, Pablo Lemus, tras una fuerte disputa electoral por la gubernatura en contra de Morena. Pero también hay que decir que el hecho de que sean gobernadores/as postulados por Morena no necesariamente garantiza una relación tersa entre el ejecutivo federal y los estatales. Como nunca, las fuerzas locales ejercen su poder e influencia en un contexto de predominio electoral, pero de alta conflictividad al interior del oficialismo. 3. Mantener la estabilidad económica que le ha significado al presidente Andrés Manuel López Obrador un amplio respaldo social del cual se vio beneficiada Sheinbaum. La concentración de poder que tendrá Morena y sus aliados, así como la propia reforma judicial, han generado en el exterior algunas señales de alerta que no tendrían que soslayarse. 4. Una situación más compleja es la de aspirar a generar gobernanza , teniendo primero que asegurar la gobernabilidad. ¿Qué significa lo que ocurre ahora mismo en Chiapas, en donde el Estado mexicano luce sin tener el control pleno de varios territorios de la entidad? Las imágenes de una marcha, con pobladores amenazados, encabezada por un cártel previo a una elección extraordinaria en Chicomuselo son, sin aspavientos ni exageraciones, muy preocupantes. No garantizada la gobernabilidad a plenitud, aún resta ir hilvanando la gobernanza, que no puede ser sino producto de la articulación con sectores económicos, sociales, empresariales, de la sociedad civil organizada… y es justo aquí en donde la herencia de la actual administración federal puede ser definitiva.
Lo que hoy es una alharaca generada en torno de la reforma judicial podría afectar el libre cumplimiento de los desafíos enumerados, especialmente el último. No hay duda del amplio respaldo social con el que cuenta la 4T, pero las propuestas deben operarse, es decir, se deben generar las condiciones que comprometan su éxito y ahí, a querer o no, en un juego democrático, el papel de la oposición es relevante. Se puede tener el control en el Poder Legislativo, con la sobrerrepresentación en favor del oficialismo, pero se está activando la resistencia en espacios de poder y toma de decisiones que están siendo agraviados, con razón o sin ella, porque se les quiere transformar drásticamente o, incluso, se les quiere desaparecer. En esa lista se encuentra, desde luego, el Poder Judicial, pero hay que sumar también a los órganos constitucionales autónomos (INE, INAI, INEGI). La reforma judicial, su instrumentalización, es apenas uno de los retos que tendrá que enfrentar la primera presidenta del país. Se trata de una herencia riesgosa que le deja López Obrador. Lo es porque no existen garantías de que sea medianamente exitosa y, en ese escenario, podría significar el primer gran tropiezo y el origen del decaimiento del proyecto de la Cuarta Transformación ya sin el protagonismo de su líder fundador. ____ Nota del editor: Javier Rosiles Salas ( @Javier_Rosiles ) es politólogo. Doctor en Procesos Políticos. Profesor e investigador en la UCEMICH. Especialista en partidos políticos, elecciones y política gubernamental. Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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