Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral, aseguró que ella y los otros magistrados han recibido presiones y amenazas antes de que avalen o no la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. “Las magistraturas actuamos con absoluta responsabilidad pública, profesionalismo y con apego a los principios que todo juez y jueza deben cumplir”, dijo Soto durante el inicio de la sesión. “Sin temor a las críticas, exhibiciones, presiones externas, incluso amenazas directas e indirectas, personales, institucionales y familiares, por juzgar con libertad y con apego a derecho”, señaló.
La semana pasada, el árbitro electoral confirmó que el oficialismo y sus aliados tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados para la legislatura que inicia en septiembre, pero se habían quedado a poco de lograrla en el Senado, donde sumaban 83 curules. La mayoría calificada de dos tercios permite hacer enmiendas a la Constitución sin necesidad de consensos. En horas recientes, dos senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) -que integró en las elecciones de junio la alianza opositora- abandonaron su partido y se pasaron a Morena. Para el periodo que inicia el 1 de septiembre, Morena contempla aprobar la primera parte de una veintena de cambios constitucionales propuestos por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, entre ellos una polémica reforma judicial que permitirá que los magistrados y jueces sean electos por voto popular y que ha golpeado a los mercados y generado incertidumbre. El magistrado Felipe de la Mata propone confirmar la asignación de diputados federales de representación proporcional que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE), con lo que Morena alcanzó la mayoría calificada de 364 curules en la Cámara de Diputados. Los recursos que fueron interpuestos en contra de esa distribución (en total 5, 317), propone el juzgador, deben ser declarados infundados e inoperantes, pues van en contra de la interpretación “histórica” con el que desde 1996 se ha realizado esa asignación, según la cual todos los partidos tienen acceso a 8% de sobrerrepresentación, y este límite no se debe considerar por coalición electoral. Modificar el criterio implicaría aplicar una regla sin precedentes y eso vulneraría el principio de seguridad jurídica que debe prevalecer en las elecciones, se propondrá responder a las apelaciones promovidas por Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), a los que se sumó un juicio ciudadano de Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial opositora. -Con información de la agencia Reuters.
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