Al igual que sucedió con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya está enfrentando una batalla legal. La obra de 1,500 kilómetros que conectará a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo recibió hasta octubre de 2021 más de 25 amparos, a los que se han sumado al menos cinco contra el Tramo 5 que correrá entre Playa del Carmen y Tulum. Este lunes, Adrián Fernando Novelo Pérez, juez Primero de Distrito de Yucatán, otorgó la suspensión definitiva a un amparo que buzos tramitaron en contra de la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento del Tramo 5 del Tren Maya. Por lo que las obras estarán suspendidas de forma indefinida.
¿Cuántos amparos se han presentado? Durante una comparecencia en el Senado de la República, el entonces director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, quien se encargaba del proyecto del Tren Maya, informó que hasta octubre de 2021 sumaban 25 los amparos contra la que es considerada una obra insignia de la actual administración. El funcionario informó que los recursos legales los interpusieron 327 personas y señaló que se habían identificado a seis organizaciones que estaban atrás de esos amparos. “Se han interpuesto 25 amparos contra el proyecto. Los han interpuesto 327 personas, 49 de ellas entre personas físicas y morales se repiten en todos. Se han identificado a seis organizaciones de la sociedad detrás de ellos”, informó. Los amparos han implicado un retraso en la construcción del Tren Maya, previsto para ser inaugurado en diciembre de 2023. A esos amparos se sumaron en los últimos meses cinco más, los cuales están en contra de la construcción del Tramo 5 y cuestionan la “planeación, construcción, desarrollo y/o acondicionamiento” de la obra. Uno de los amparos fue interpuesto por la Diversidad Biológica y Greenpeace por no contar con los permisos ambientales para la construcción, porque amenaza la selva y vulnera el sistema de cuevas, cenotes y ríos subterráneos.
Otro de los recursos y al cual se le otorgó la suspensión definitiva este lunes, fue promovido por un grupo de buzos profesionales que se manifestaron en contra de la deforestación en Playa del Carmen, Akumal y Tulum. Habitantes de Playa del Carmen y Cancún interpusieron en el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Yucatán otro recurso legal contra la obra argumentando su demandan su derecho humano a un medio ambiente sano.
El arma secreta para enfrentar los amparos Hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno enfrentará los amparos que se interpongan contra la obra, la cual ha asegurado que no daña a la selva ni a los cenotes. “Se resolverá la lluvia de amparos como se resolvieron los del Aeropuerto Felipe Ángeles”, dijo en su conferencia de prensa el pasado 3 de mayo. El Aeropuerto de Santa Lucía tuvo que sortear las turbulencias de más de 140 amparos principalmente interpuestos por el colectivo No Más Derroches que se oponían a la construcción de la obra en Zumpango, Estado de México.Para blindar las obras que ejecuta su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para considerarlas de “interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional” , el cual generó polémica. En diciembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió parcialmente el acuerdo, pero solo en lo que se refiere evitar que se clasifique como reservada, por razones de seguridad nacional, información pública sobre los proyectos. El presidente sabe que cuenta con este acuerdo, el cual, ha comentado, suscribió porque “tenía que avanzar”. “Si no emito el acuerdo, nos paran por completo. Eso es lo que ellos quieren, a ellos no les importa de que se quede inversión tirada, que es dinero del pueblo, y yo tengo que cuidar eso, para eso me eligieron, para defender los intereses del pueblo. Además, dicen: ‘Es que no hay permiso’, la famosa MIA, lo que es el impacto ambiental. Parte del permiso, digo, del acuerdo, fue para que se tuviese el tiempo y se hicieran bien las cosas, porque nadie quiere, nadie, destruir el medio ambiente, a lo mejor ellos sí; pero nosotros llevamos años luchando por la naturaleza, luchando por las causas justas, luchando por la justicia. Y ese acuerdo estaba validado por la autoridad judicial, por la Suprema Corte, es legal”, explicó el 3 de mayo pasado .
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