Los datos oficiales son desoladores. Tres ejemplos. La tasa de homicidios lleva desde 2018 prácticamente estancada en los niveles más altos de los que se tiene registro durante las últimas décadas: 29 por cada 100 mil habitantes. Las muertes en exceso (el volumen de defunciones que se producen por encima de lo previsto según la tendencia histórica) ascendieron, entre enero de 2020 y marzo de 2021, a medio millón de personas: un 53% por encima de lo esperado. Y entre 2018 y 2020, el porcentaje de personas en situación de pobreza subió de 41.9 a 43.9%, lo que equivale a casi 4 millones más de pobres. En suma: mientras la violencia sigue igual, la salud y la pobreza están peor hoy de lo que estaban al principio del sexenio.
Las prioridades gubernamentales, sin embargo, están en otra parte. Por ejemplo, en el pozo sin fondo financiero de Pemex, cuyas pérdidas en lo que va de 2021 llegan a más de 100 mil millones de pesos, pero que para el próximo año recibirá un 17% de aumento en su presupuesto total. O en seguir presumiendo como ejemplar un programa poco transparente, discrecional y con múltiples denuncias por irregularidades operativas como Sembrando Vida –y cuyo impacto, además, ha resultado muy contraproducente . O, por último, en promover la consulta para la revocación de mandato, un mecanismo que teóricamente consiste en someter la continuidad del presidente al juicio de la ciudadanía aunque, en la práctica, se está convirtiendo en un instrumento propagandístico del poder presidencial para mantener su política de estar en campaña permanente. Sería absurdo achacarle toda la responsabilidad sobre el mal desempeño que registran los datos oficiales al gobierno en turno. Por un lado, la tasa de homicidios venía creciendo desde el 2015; por el otro, la pandemia aumentó las muertes en exceso y la pobreza en todo el mundo. Pero también sería injusto pretender que el gobierno de López Obrador no tiene ningún control sobre las prioridades plasmadas en el Presupuesto de Egresos recién aprobado, sus políticas públicas o su estrategia de comunicación. Las causas de los problemas que se expresan en los datos pueden venir de antes o de afuera, mas la negligencia frente a dichos problemas, la decisión de no atenderlos con la prioridad que su gravedad amerita, sí recae por completo en el Poder Ejecutivo Federal. Quizá la muestra más elocuente de esa desconexión entre los datos y las prioridades –de que los problemas apuntan en una dirección, pero las acciones del gobierno van en otra– es precisamente la falsa urgencia con la que se ha impulsado el tema de la revocación. El presidente y sus simpatizantes lo plantean como si fuera una medida imperativa, una exigencia de primer orden, una prueba indispensable de la que depende el futuro de la democracia. Lo cierto, no obstante, es que los únicos interesados en llevarla a cabo son los propios lopezobradoristas, al grado de que para darle sentido al absurdo de que sean ellos mismos quienes patrocinan un ejercicio cuyo propósito es brindarle al electorado la posibilidad de remover al presidente antes de que concluya el periodo para el que fue electo, han optado por presentarlo como si se tratara más bien de una “ratificación”.
¿Qué problema resuelve? ¿Qué necesidad social atiende esa revocación tergiversada en ratificación del mandato presidencial? ¿Para qué y a quién le sirve en este momento? ¿Acaso no hay multitud de asuntos infinitamente más trascendentes? ¿O es que las cosas marchan tan bien que podemos darnos el lujo de invertir tanto tiempo, energía y recursos en algo de tan escasa utilidad pública? Es como si el país estuviera en llamas y a los bomberos no se les ocurriera nada mejor que construir una alberca gigantesca y llenarla con la poca agua disponible para que el presidente demuestre sus habilidades como clavadista y sus adeptos puedan aplaudirle sin parar. __________________ Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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