A seis meses de haber iniciado la actual conformación de la Cámara de Diputados, la Comisión Jurisdiccional aún se encuentra en etapa final de entrega-recepción de los expedientes y documentos que le dejó ese órgano en la pasada 65 Legislatura, por lo que realizó observaciones sobre el contenido de las 127 cajas recibidas. Esa Comisión consideró que entre la información que aún requiere es la relacionada con el caso de Alejandro “Alito” Moreno, según se reportó en la sesión del pasado 9 de enero y de acuerdo al presidente de la Comisión, Hugo Éric Flores, aún subsisten faltantes.
Explicó que presentó observaciones al acta de entrega-recepción, pues “el archivo que nos entregaron fue un archivo muy desordenado que no coincide con las listas que nos entregaron”. “Hay piezas del rompecabezas que faltan y es por eso que lo estamos solicitando”, indicó. La 65 Legislatura tuvo como presidente de la Comisión Jaime Humberto Pérez Bernabé pero durante los tres años en que fungió en el cargo no se desahogó ni un solo caso y de acuerdo al diputado Flores Cervantes, no se ordenaron los archivos. Además se entregaron incompletos, de modo que según el legislador “todavía no contamos con los elementos de análisis suficientes” en el caso del priista, razón por la que se acordó esperar la respuesta al as observaciones y el miércoles 19 tomar una decisión respecto a si la solicitud de desafuero cumple o no los requisitos para en primer término darle entrada o descartarla. El 16 de agosto de 2022, Renato Sales Heredia, fiscal general de Campeche, solicitó a la Secretaría General de la Cámara de Diputados iniciar juicio de procedencia contra Moreno, parque retirado el fuero fuera procesado por el delito de enriquecimiento ilícito. La solicitud se realizó en medio de una serie de audios difundidos por la gobernadora de ese estado -del que Moreno Cárdenas fue gobernador, Layda Sansores, en las que presuntamente el entonces diputado acordaba conductas irregulares. Según Sales se detectó una disparidad entre los ingresos de Moreno como servidor público y las propiedades que obtuvo y construyó durante su gestión como mandatario estatal y puso como muestra una residencia de más de 130 millones de pesos que le fue cateada.
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