El Instituto Nacional Electoral (INE) y el gobierno federal avanzan en un protocolo de seguridad de cara a los comicios de junio en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, así como para otras cuatro contiendas extraordinarias que se efectuarán este año. El objetivo es proteger a los candidatos y aspirantes a puestos de elección popular. Lo anterior, sin dejar de lado el ejercicio de revocación de mandato para el cual, ya se trabaja en la ruta del traslado de los materiales para este mecanismo impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo banderazo de salida se prevé sea el 10 de marzo.
Para ello, el pasado 1 de febrero se instaló la llamada Mesa de Seguridad Interinstitucional integrada por las Secretarías de Gobernación (Segob), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR). Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, confirmó en entrevista que las mesas de seguridad ya están operando y que se desplegaron en cada una de las 32 entidades federativas. “El personal del INE participa en las correspondientes mesas de seguridad a nivel local, lo que permite identificar, digámoslo así, circunstancias de atención que requieran alguna acción de parte del Instituto, pero sobre todo de las instancias de seguridad”, comentó. De manera particular, dijo, se instaló en los estados de Puebla, Veracruz, Chiapas y Oaxaca que celebrarán elecciones extraordinarias en marco y abril y, “por supuesto, estas continuarán en los seis estados donde habrá elecciones en junio”. “Dicho eso, aún no hay una definición de los elementos que estarán a disposición de resguardo de generar las condiciones de seguridad para que estos procesos se lleven a cabo, pero esto seguirá definiéndose en las próximas semanas, porque el tema de la seguridad cambia todos los días”, añadió el consejero presidente.
“Se trabaja en las rutas del traslado de los materiales que a partir del 10 de marzo se empezarán a distribuir a los respectivos consejos locales y distritales. Toda esa operación va a contar con el respaldo y el acompañamiento en esta ocasión, de la Guardia Nacional, sobre todo en el traslado por carretera, no de las fuerzas armadas como ocurrió en los procesos electorales”, adelantó. Ante ello, resaltó la importancia de que las mesas mantengan una coordinación permanente, las cuales se “ajustarán” a las diversas coyunturas.
La Segob, a cargo de las amenazas A través de esta Mesa de Seguridad Interinstitucional Segob – SSPC – INE – FEDE, se buscará detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar acciones de la delincuencia en el contexto electoral, lo cual incluye reforzar la seguridad en las entidades. El protocolo de seguridad se “estrenará” en los comicios extraordinarios que se efectuarán el 6 y 27 de marzo en Puebla y Veracruz; el de 3 abril en Chiapas y Oaxaca, así como el 10 de ese mes para la revocación de mandato. Pero la prueba de fuego serán sin duda las elecciones ordinarias del 5 de junio en las seis entidades referidas, que al igual que las extraordinarias y el ejercicio revocatorio, deberán desarrollarse en paz y tranquilidad. En los seis estados están convocados a las urnas 11.6 millones de ciudadanos, en tanto que se tiene previsto instalar 21,068 casillas.La misión común: detener la violencia política De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la misión del protocolo es sancionar la violencia política y proteger a candidatos y aspirantes. Tan solo en las elecciones de junio de 2021, fueron asesinados 102 políticos, de los cuales 36 eran aspirantes y candidatos a diversos puestos de elección popular, según reportó la consultora Etellekt. También puedes leer: Revocación y elecciones estatales, el termómetro para la presidencial Entre las acciones a emprender están capacitar a los funcionarios del orden municipal, estatal y federal que convergen en las mesas de paz, así como orientar en materia de seguridad a las personas que compiten en alguno de los cargos de elección popular. En tercer lugar, está la vinculación con candidatos y candidatas que así lo decidan; el seguimiento 24 horas de los casos relevantes, así como la protección a quienes competirán por una gubernatura. Se tiene previsto realizar un monitoreo de incidentes que pudieran afectar a los procesos democráticos y canalizarlos a los gobiernos estatales para darles protección a algunos candidatos locales. Jaime Rivera, consejero electoral consideró que al INE le corresponde organizar las elecciones, no así las labores de seguridad pública; sin embargo, resaltó la importancia de la coordinación entre el árbitro de la contienda y los responsables de garantizar la paz y la tranquilidad en cada ejercicio democrático. Se trabaja en las rutas del traslado de los materiales que a partir del 10 de marzo se empezarán a distribuir”.
Y es que desde el pasado 9 de enero, 1,512 Supervisores y Supervisoras Electorales (SE) y 10,557 Capacitadores y Capacitadoras Asistentes Electorales (CAE) ya visitan en todo el país, a las y los ciudadanos que resultaron sorteados para hacerles entrega de una carta notificación, invitarlos y sensibilizarlos sobre la importancia de su participación como funcionarios de casilla en el proceso de Revocación de Mandato. Sobre la seguridad de los también llamados “Caes”, Rivera dijo que lamentablemente el flagelo de la inseguridad afecta a varias regiones del país, de ahí la importancia de mantener una estrecha coordinación con las autoridades federales encargadas de velar por la seguridad pública de todos los mexicanos. “La seguridad afecta a varias regiones del país, afecta a toda la población, por supuesto que nos preocupa, pero no ha habido hasta ahora evidencia de que estas acciones se dirijan al personal electoral. No hay evidencia de ello, pero si como a cualquier otro ciudadano le puede afectar”, comentó. Para ello, dijo, se han tomado algunas acciones, como es que los capacitadores y asistentes electorales trabajen en la misma sección electoral donde viven, lo cual les permite tener un mayor reconocimiento del terrero. “Pero no hay en específico algo que les afecte solo a ellos”, remarcó. En el marco de la organización de la revocación de mandato, cada Supervisor coordinará a siete Capacitadores Asistentes Electorales. A su vez, cada CAE tiene en promedio a su cargo la instalación de entre cinco y seis casillas, de las más de 57 mil que se instalarán en todo el país.
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