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November 22, 2024
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Judge and party

Welfare neoliberalism


En la órbita del oficialismo se volvió un lugar común criticar que jueces, magistrados y ministros admitieran los recursos que se interpusieron contra la reforma al Poder Judicial. Se explicaba que al hacerlo incurrían en un conflicto de interés –estar en la posición adjudicar sobre una cuestión que les afectaba directamente–. El argumento tenía su mérito, es verdad que el caso podía poner en entredicho la imparcialidad de los juzgadores, generar dudas sobre si los resolvían conforme a derecho o según su conveniencia. El problema, sin embargo, es que apelando a ese conflicto de interés se evadían las preguntas de fondo: ¿Atenta la reforma contra la Constitución? ¿Es violatoria de derechos? ¿A quién, si no al propio Poder Judicial, le corresponde dirimirlo? Además, al querer negar la posibilidad de que los juzgadores se pronunciaran al respecto, ¿no incurrían los propios líderes de la coalición obradorista también en un conflicto de interés, queriendo arrogarse la facultad de decirle al Poder Judicial cómo decidir respecto a la reforma que ellos mismos estaban impulsando?

El asunto quedó zanjado con el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, que impidió la formación de una mayoría calificada en el pleno de la Suprema Corte que pudiera echar abajo la reforma. Lo retomo, no obstante, porque me parece que el argumento del conflicto de interés vuelve a cobrar relevancia, aunque ahora contra el oficialismo, en el contexto de la extinción de varios órganos autónomos y reguladores. Sus detractores los han igualado alegando que son burocracias corruptas, onerosas y que nunca han hecho nada por el “pueblo”. En la medida que la mayoría de la gente no las ubica, el obradorismo ha sido muy eficaz en apelar al prejuicio genérico para no tener que habérselas con su desempeño concreto. Lo cierto es que esas instituciones son muy diferentes en sus tamaños, presupuestos, ámbitos de acción, problemas y, sobre todo, en sus responsabilidades: el INAI se encarga de garantizar derechos (de acceso a la información pública y protección de datos personales); el IFT, la COFECE, la CRE y la CNH ejercen como órganos reguladores (de las telecomunicaciones, la competencia económica, la energía y los hidrocarburos); el CONEVAL y MEJOREDU producen evaluaciones de política pública (social y educativa). Derechos, regulación, evaluaciones: ¿de veras nada de eso les sirve a los mexicanos? ¿No será, más bien, que le estorban a la clase gobernante? Más allá de sus diferencias, todos esos órganos comparten el mismo objetivo de cumplir una atribución que adquiere valor desde la autonomía (como instancias funcionalmente distintas del gobierno) y la especialización técnica especializada (no sujetas a criterios políticos ni a los ciclos electorales). La reforma desaparece a los órganos aunque, según Morena y sus aliados, no sus funciones, pues éstas serían transferidas a distintas secretarías del gobierno federal. Suponiendo que de veras así vaya a ser, ¿acaso no hay en ello el riesgo de un conflicto de interés? Cuando una entidad gubernamental le niegue información a un ciudadano, ¿otra entidad del mismo gobierno, bajo el control del mismo partido, atenderá el asunto y la obligará a entregársela? Cuándo una empresa con la que el gobierno tenga relaciones preferenciales incurra en prácticas anticompetitivas, ¿el gobierno la sancionará por ello? Cuando se lleve a cabo una evaluación periódica de los programas de apoyo a adultos mayores o a la “nueva escuela mexicana” y el resultado sea adverso o crítico para el gobierno, ¿resistirá la tentación de “corregirlo”?

No sorprende que la clase gobernante vea la paja del conflicto de interés en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero no deja de ser una señal, clara y fuerte, de lo que los mueve: muy sensibles cuando otros pueden llegar a ser juez y parte, perfectamente cómodos siéndolo ellos. Es el lobo de la voracidad política bajo la piel de oveja de la austeridad republicana y la lucha contra la corrupción. ____ Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor. Síguelo en la red X como @carlosbravoreg

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