La violencia ha marcado el cambio de gobierno en algunos estados que este año tuvieron elecciones para gobernador y para renovar a sus presidentes municipales. El decapitamiento de un presidente municipal, 12 asesinatos en Salamanca, el asesinato de seis migrantes, de un documentalista, así como bloqueos, muertes y ataques a negocios son parte de las postales de violencia que se han registrado entidades como Veracruz, Chiapas, Tabasco, Guanajuato y Guerrero. Expertos consultados por Expansión Política explican que ante los cambios en el poder suelen intensificarse los episodios de violencia , ello, porque el crimen organizado también se reacomoda, a lo que se añade un grave problema de descomposición social y una actitud pasiva de autoridades.
“Los casos de violencia en estados como Chilpancingo, Guerrero, muestran la continuidad de ‘dejar hacer, dejar pasar’ y dejar que las organizaciones criminales se acomoden de alguna manera”, refiere María Teresa Martínez Trujillo, profesora-investigadora del Tecnológico de Monterrey. Para Carlos Rodríguez, experto en seguridad pública e integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), la inseguridad que enfrentan estados y municipios se debe a un “grave problema de descomposición social”. “Veo muy complicado el panorama para los gobernadores recién llegados. Los problemas de violencia son consecuencias de una trayectoria de descomposición social, y eso es algo que no se arregla de un día para otro. Una nueva administración llega con un tanque de oxígeno, de legitimidad para incidir en la vida de sus gobernados, pero el problema es el grave grado de descomposición institucional en la que se van a encontrar”, dice. La violencia no para en el país. En la primera semana de Claudia Sheinbaum al frente de la Presidencia de México se registraron 566 homicidios dolosos , lo que en promedio representa 80.8 víctimas por día. Se trata de una cifra similar a la registrada en octubre de 2022 cuando ocurrieron 2,481 asesinatos, es decir, 80 cada día. La violencia ha ocurrido en entidades como Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Sinaloa. Tan solo en Sinaloa, un mes después de inicio de la batalla entre “Los Mayitos” y “Los Chapito”, dos grupos criminales emanados de los capos fundadores del Cártel de Sinaloa, suman 192 asesinatos, de acuerdo con el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP). En el mismo periodo, el Consejo ha registrado 224 desapariciones forzadas , además de cientos de familias desplazadas de los sitios en que pelean las facciones del Cártel. A nivel federal, la presidenta de México ya presentó su estrategia de seguridad, la cual entre las novedades incluye el desplazamiento del gabinete a entidades con problemas de violencia. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, ya ha comenzado a reunirse con gobernadores y ha visitado los estados de Sinaloa y Sonora. Este año está en proceso un reacomodo político, ello luego de que en nueve entidades hubo renovación a gobernador: Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Puebla, Yucatán, Chiapas, Guanajuato, Tabasco y Veracruz, de todas, las últimas cuatro enfrentan problemas severos de violencia. Un análisis de Insight Crime refiere que cuando hay cambios en el gobierno, suele haber violencia. “Los cambios en el poder político suelen ir acompañados de violencia a medida que los grupos criminales y los funcionarios electos negocian nuevos acuerdos de trabajo”, dice el reporte titulado Elecciones de 2024 en México podrían detonar violentos reacomodos criminales.
Así como el mercado de drogas ha transitado de la marihuana y amapola a la producción de sustancias sintéticas, el fenómeno criminal en México también ha tenido cambios. Pasó de tener organizaciones jerárquicas con estructura vertical a redes horizontales con múltiples células delictivas. “La multitud de células delictivas presentes en todo México tienen cada una sus propios intereses políticos y ahora se dedican también a una gama mucho más amplia de delitos. Esto se extiende más allá del narcotráfico para incluir la extorsión, el robo de combustible y los secuestros extorsivos, que ahora son los pilares de muchos grupos de delincuencia organizada”, agrega el reporte de Insight Crime. En el cuidado de esos intereses, la violencia puede incrementarse en las regiones donde operan esas agrupaciones. “Hemos visto cómo en el último sexenio en nuestro país se ha extendido lo que denominamos el régimen criminal : territorios en donde los grupos criminales imponen las reglas del juego a nivel político, económico y social. Ese es el gran desafío que tendrá que enfrentar la presidenta Claudia Sheinbuam”, explica Armando Vargas, especialista en seguridad pública e integrante de la organización México Evalúa.
Nuevos gobiernos ante el desafío de la violencia El país está inmerso en una espiral de violencia, la cual dejó en el sexenio que recién concluyó alrededor de 200,000 homicidios dolosos, si se suman los feminicidios. María Teresa Martínez Trujillo considera que en materia de violencia, México está metido en un “callejón sin salida”, en el que intenta atender la inseguridad con recetas que no han dado resultados. “Estamos metidos en un callejón sin salida, donde hace muchos años que estamos dando vueltas todo sobre nuestro propio eje, imaginando dos soluciones: la confrontación pero que ya vimos que no funciona porque incrementa la violencia y por otro lado, que las agrupaciones criminales se organicen entre sí como si fueran fuerzas de libre mercado”, comenta. Y esa idea de que “se organicen” tampoco funciona, y un ejemplo de ello es que hace unos días, el general Francisco Jesús Leana Ojeda aseguró que la tranquilidad de Culiacán, Sinaloa, dependía del crimen organizado. “Queremos que sea lo más rápido posible, pero no dependen de nosotros, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer confrontación entre ellos y que estén dejando a la sociedad en paz”, dijo en septiembre pasado. Al respecto, Martínez Trujillo afirma que la paz y seguridad no se puede dejar en acuerdos entre criminales. “Los acuerdos entre grupos criminales son acuerdos inestables. Hay la sospecha de que en diferentes territorios las autoridades tienen algún tipo de margen de maniobra para gestionar o servir como de intermediarios o de árbitros de acuerdos criminales, sin embargo, la construcción de acuerdos entre grupos criminales, está aprobado que es algo en lo que no podemos confiar”, agrega. Con ella coincide Carlos Rodríguez, quien asegura que los criminales “no tienen palabra de honor” y ven por sus propios intereses. “Los delincuentes no tienen palabra, y no solamente por un tema personal, sino por un tema de incentivos, es decir, la dinámica de la delincuencia organizada está orientada a sacar más ventaja, a buscarse expandir, son rapaces . Y por la otra, también las mismas dinámicas entre ellos, cae un líder de plaza y entonces los acuerdos ya no valen”, plantea. RECOMENDAMOS: ¿UNA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD? | EXPANSIÓN LIVE
Algunas postales de violencia El arranque de gobierno y la transición política han sido violentas para algunas entidades. En Guanajuato, a una semana de asumir la gubernatura, la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo se enfrentó a una de las jornadas más violentas en la historia de esa entidad: 32 homicidios dolosos. El 3 de octubre hubo 97 homicidios en el país, de los que el 33% ocurrieron en Guanajuato. En esa entidad, gobernada desde hace 33 años por Acción Nacional, la violencia se acentuó a partir del robo de combustible, conocido como huachicol. La entidad es territorio de disputa entre organizaciones como el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Guerrero es otra de las entidades donde la violencia no cede. El homicidio del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, de PRI-PAN-PRD, conmovió al país pues fue asesinado antes de cumplir una semana al frente del municipio que es disputado entre organizaciones locales como “Los Tlacos” y “Los Ardillos”. Autoridades federales han reconocido que tras el paso del huracán Otis, la inseguridad en esa entidad se ha incrementado y así lo muestran las cifras. En agosto pasado ocurrieron 179 homicidios, la cifra más alta del año. En recién asumido como gobernador de Tabasco, Javier May, también ha encontrado un ambiente de violencia. Desde que tomó protesta al cargo, no ha habido ningún día que la entidad no registre homicidios dolosos. Tan solo el fin de semana pasado, la entidad registró 20 ataques simultáneos del crimen organizado, incendio de comercios y autos. El gobernador aseguró que ese tipo de actos son una respuesta del crimen organizado a las acciones que está emprendiendo su gobierno y rechazó dar protección a algún grupo. “Las manifestaciones de violencia no son porque el gobierno está del lado de alguna banda delictiva. Por el contrario, son muestra de que no hay colusión de ningún tipo”, destacó. Chiapas también ha enfrentado días violentos con el homicidio de seis migrantes por disparos de militares, y hace unos días, un estudiante de educación media superior fue víctima de un asesinato. Esa entidad del sur del país enfrenta problemas de desplazamiento forzado, homicidios y extorsiones derivado de una lucha entre organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, quienes se disputan el mercado de las drogas, pero también el tráfico de migrantes. Para los expertos, es necesario que con la nueva presidenta haya coordinación entre los tres niveles de gobierno, lo que permita mejorar el combate a la violencia. “Hay un tema de coordinación fundamental y de coordinación. Me parece que la presidenta está mandando algunas señales de que pueda haber grupos de trabajo en multinivel, donde podamos tener autoridades municipales, estatales, federales, entonces, creo que en ese sentido hay algunas cosas que pueden ser esperanzadoras”, asegura Teresa Martínez. ]]>
Source link
