En medio de la polémica por el reportaje que señaló que José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, vivió en una casa de un exdirectivo de Baker Hughes, empresa contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Ejecutivo federal reveló que su primogénito trabaja también en un despacho del hijo de uno de sus asesores en una de las obras emblemáticas de su gobierno: el Tren Maya. En ambos se trata de casos don posibles conflictos de interés que contradicen los propios principios de este gobierno y de anticorrupción, pues aunque el acto en sí no es un delito, la omisión de estos sucesos levantan cuestionamientos sobre posibles ilícitos.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señaló que este asunto impacta una de las dos banderas centrales de la administración lopezobradorista: el combate a la corrupción y la austeridad republicana. “Toca el corazón simbólico de su administración y por eso es tan importante que el asunto quede plenamente aclarado”, señaló. Tras la publicación del portal de noticias Latinus, que dirige Loret de Mola, el cual reveló que López Beltrán ocupó una casa propiedad de un alto ejecutivo de una empresa contratista de Pemex, el hijo del presidente informó que es asesor legal en KEI Partners que tiene como socios a Iván y Ericka Chávez, hijos de Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta y asesor del presidente. En defensa de su hijo, el presidente afirmó: “En efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada ni tenemos una relación de negocios, él no tiene negocios con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés, es de los empresarios que nos ayudan”. No obstante, además de que el conflicto de interés no reside en si se paga o es honorífica la relación, contraviene algunos de los lineamientos que el mismo presidente ha promovido. En 2018, anunció los 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana en los que se señalaba que se reformaría la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública.
¿Conflicto de interés?La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) define el conflicto de interés como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”. La ley establece que no necesariamente esto debe implicar un intercambio de recursos, sino que basa la simple relación entre las partes que puede afectar las decisiones públicas. Asimismo, establece que los servidores públicos “se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad”. El presidente ha dicho que él sólo responde por su hijo menor de edad, pero legalmente su responsabilidad abarca hasta otros familiares como nietos, hermanos, tíos, sobrinos y primos. Para Fernanda Avendaño Meouchi, coordinadora Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), todo conflicto de interés debe ser gestionado antes de que pueda influir en decisiones y la “nula gestión del caso repercute en la investidura presidencial y expone la incapacidad del gobierno federal de detectar y actuar ante los riesgos de corrupción”. En al artículo Léase (y actúe) ante el próximo conflicto de interés, expuso: “Tener un conflicto de interés no implica necesariamente un acto de corrupción. De hecho, cualquier persona puede enfrentarse a esta situación. Por ello, lo adecuado no es negarlo o esconderlo, sino gestionarlo para mitigar los riesgos y prevenir que las acciones de los involucrados se desvíen de las responsabilidades de sus cargos, o peor, que propicien la comisión de delitos”.
En el caso de López Beltrán, aunque no es ilegal que trabaje en una empresa que tiene relaciones con el gobierno que encabeza su padre, representa un conflicto de interés y puede convertirse en un acto de corrupción, como tráfico de influencias, si no se hace público desde el inicio de esta relación y no se toman acciones al respecto. En 2018, el presidente López Obrador nombró a Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta, y padre de los socios de la empresa KEI Partner, con quien López Beltrán inició su relación laboral en 2020, por lo que desde entonces, debió presentarse la relación, sobre cuando en ese año, Chávez Morán fue nombrado como representante en la supervisión del Tren Maya de manera honoraria. Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), coincidió que la mejor forma de evitar el llamado conflicto de interés es justamente regularlo y obligar a los funcionarios a declararlo antes de que entren a la función pública. “Nos enfrentamos a un marco legal insuficiente. Es una materia pendiente del actual gobierno. En 2018, prometieron impulsar una ley de conflicto de intereses. Y, en eso, no ha habido ningún avance legislativo”, expresó. El investigador de MCCI además sostuvo que la aclaración sobre el conflicto de interés “no tiene que venir de José Ramón (López Beltrán) porque no es funcionario público, sino del presidente López Obrador”.
En 2018, prometieron impulsar una ley de conflicto de intereses. Y, en eso, no ha habido ningún avance legislativo”.Asimismo, Bohórquez consideró que las acusaciones contra el hijo mayor del presiente son delicadas y además de una explicación por parte del Ejecutivo Federal, requerirían de algún tipo de investigación u opinión independiente sobre el tema. De acuerdo con el especialista, en otras democracias se habría activado una Comisión investigadora del Congreso que informe a la opinión pública qué ocurrió, dado que si se incurrió en algún ilícito, le toca al Ministerio Público y a un juez. “Puede ser desde tráfico de influencias hasta cohecho, pero no le toca a la opinión pública determinar si hubo o no un ilícito. Le toca al MP y a través de él, a una autoridad en la materia como un juez”, dijo a Expansión Política , al señalar que se deberán tomar en cuenta todos los elementos para identificar si hay o no elementos para judicializar una carpeta de investigación y, en su caso, llevar este proceso conforme a derecho.
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