Los fiscales Néstor Coronel y Natalia Fúster presentaron una apelación general contra la resolución de la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo quien el pasado 4 de febrero declaró la prescripción de la causa de lesión de confianza contra el ex ministro del Interior Rafael Fillizzola y otras personas por el caso de la licitación para reparar Comisarías que causó un daño patrimonial de G. 1.200 millones.
En la audiencia preliminar que se realizó la defensa de Filizzola presentó un pedido de prescripción de la causa alegando que transcurrió el doble del plazo de la pena prevista para el hecho punible de lesión de confianza que es de 5 años y ya se llevaban 10 años de investigación.
La jueza Pedrozo confirmó este hecho y sobreseyó definitivamente a Rafael Filizzola, Alejandro Candia Giménez, dueño de la empresa Todo Verde, que ganó la licitación, Juan Diego Fernández, administrador de la empresa, Aníbal Gerardo Muñoz y Fernando Ángel Sakoda, empleados.
Lo que la magistrada no tomó en cuenta es que el ex ministro Rafael Filizzola en el 2016 presentó una acción de inconstitucionalidad y con ayuda de la Corte Suprema de Justicia que cajoneó el caso por más de cinco años, ayudó a que se congele el caso.
Los representantes del Ministerio Público señalan que la jueza no tuvo en cuenta la teoría de los plazos muertos, que no es otra cosa que ir restando los días que el expediente no está en el juzgado, criterio que es utilizado por la Corte en algunos casos y llamativamente en otros no.
Este proceso se inició en el año 2010 cuando el fiscal Luis Piñánez imputó a Rafael Filizzola y a los responsables de la empresa Todo Verde Emprendimientos, que fue la empresa adjudicada para hacer refacciones en 24 Comisarías, el mencionado trabajo, por una suma de G. 1.131.812.500, mediante un contrato firmado en fecha 2 de diciembre de 2010.
Las obras iniciaron el 25 de enero del 2011 y según el documento debían concluir en 60 días en 23 comisarías; mientras que en la restante, la comisaría número 19, ubicada en el Barrio Jara, debía concluir en 90 días. El 27 de enero se abonó la totalidad del monto establecido en el contrato.El requerimiento conclusivo del fiscal explica que Filizzola llamó a licitación sin que existiera una necesidad, ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas, que avalen la construcción de las mismas, ni un estudio técnico con relevamiento de datos de cada comisaría.
Además, refiere que el ex ministro ordenó el pago teniendo conocimiento de que el plazo para la ejecución de las obras era de 60 y 90 días, y que conforme a la fecha del llamado y del proceso administrativo las obras no estarían terminadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010. Esto ocasionó un perjuicio de G. 408.112.313 según la investigación.
Con este blanqueo que se dio a Filizzola y los otros procesados, se deja impune un daño patrimonial de G. 1.200 millones que nunca se va a esclarecer.
