La defensa de Horacio Cartes lo puso a disposición del Ministerio Público con la finalidad de colaborar con la documentación que permita esclarecer los hechos denunciados por Arnaldo Giuzzio, quien a su vez fue acusado de cometer terrorismo financiero.
Pedro Ovelar, representante legal de Horacio Cartes, se presentó en la mañana de este lunes ante la sede de Delitos Económicos del Ministerio Público. “Venimos a poner a disposición del Ministerio Público y que se remitan los antecedentes de la Seprelad por la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio. Cualquier tipo de informaciones que necesiten, nosotros nos encontramos a su entera disposición. Estamos para colaborar con los datos que requieran”, explicó a la radio 650 AM.
El letrado resaltó que hace varios días viene sosteniendo que la Fiscalía es el órgano encargado de investigar los supuestos delitos, no así la Seprelad, ante la cual Giuzzio hizo su denuncia contra Cartes.
“Muy desatinada la posición de Arnaldo Giuzzio, entendemos que es una cuestión netamente política, no es algo jurídico, es un cuento, relato, carente de elementos probatorios. Se califica enriquecimiento y lavado de dinero, pero eso no está expuesto en el documento”, refirió.
Ovelar mencionó que Giuzzio hizo una denuncia ante un organismo que no era el competente y que ahora debe demostrar ante la Fiscalía las pruebas de sus acusaciones. “Él debería sostener las pruebas, tampoco estamos hablando de una persona que desconozca la materia jurídica, él fue fiscal, perfectamente sabe que tiene que probar lo que sostiene, de lo contrario sus declaraciones tienen consecuencias contra su persona”, agregó.
El letrado indicó que Giuzzio cometió una serie de atropellos legales, primero al denunciar ante Seprelad y luego al exponer públicamente ante el Congreso los supuestos delitos, pero sin prueba alguna, cometiendo así un terrorismo financiero.
El entrevistado sostuvo que una vez finalizada la investigación, el propio juez deberá declarar que es una denuncia falsa o temeraria la realizada por Giuzzio, lo cual derivará en una acción judicial de parte de la defensa contra el mismo. “No podría quedar esto al aire, esto es un caso de terrorismo financiero, es una persecución política realizada desde una posición de Ministro, instando a otro Ministro (Seprelad) que realice actos que no son propios de su institución”, argumentó.
“Hay una responsabilidad política y lo debe asumir el Gobierno. (…) Un interés político motivado por su ánimo de permanecer en el cargo le lleva a hacer una denuncia temeraria y falsa. (…) A todas luces es un atropello a las instituciones”, dijo finalmente.
